La política mexicana vuelve a quedar bajo el ojo del huracán. El caso Pegasus, ese escándalo global de espionaje que ya había generado ruido en sexenios pasados, ha resurgido con fuerza tras nuevas revelaciones: la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando un presunto soborno de 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto, vinculado con la operación del software espía Pegasus durante su administración.
La bomba mediática estalló esta semana tras un reportaje del medio israelí The Marker, especializado en negocios, donde se asegura que empresarios ligados al fabricante NSO Group, responsable del programa Pegasus, habrían pagado al exmandatario mexicano a cambio de permitir la venta y uso del software por parte de varias dependencias del gobierno mexicano, entre ellas la Sedena, la extinta PGR, y el desaparecido Cisen.
Desde Palacio Nacional, en la conferencia matutina, el fiscal general Alejandro Gertz Manero confirmó que se ha solicitado formalmente al Gobierno de Israel la entrega de información bajo el marco de asistencia jurídica internacional, con el fin de sustentar las declaraciones de los empresarios que habrían participado en el presunto soborno.
“Tenemos que darle la judicialidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública y no caiga en el vacío de denuncias que no se sostienen”, afirmó Gertz, visiblemente prudente pero firme en su declaración.
La respuesta de Peña Nieto no tardó. A través de su cuenta en la red social X, el expresidente rechazó categóricamente las acusaciones: “Totalmente falsa la nota sobre supuestas aportaciones. Es una insinuación carente de sustento alguno”, escribió, criticando además lo que considera una falta de rigor periodístico en la publicación.
Este giro en el caso Pegasus es significativo, no solo por el tamaño de las cifras ni por la figura política involucrada, sino porque abre la puerta a una nueva etapa de cooperación internacional y posibles imputaciones, en uno de los casos de presunto espionaje más escandalosos que ha enfrentado México en décadas.
El software Pegasus ha sido señalado por permitir la intervención ilegal de comunicaciones de periodistas, defensores de derechos humanos, opositores políticos y hasta funcionarios públicos. En México, durante el sexenio de Peña Nieto, el sistema fue utilizado de manera opaca y, hasta ahora, sin que existiera una rendición de cuentas real.
La pregunta clave ahora es si la FGR tendrá el respaldo político, jurídico y diplomático suficiente para llevar este caso hasta las últimas consecuencias, más allá de la declaración pública y la indignación ciudadana. El precedente que pueda sentarse, en un país con una larga historia de impunidad en casos de alto perfil, es crucial.
Por ahora, Pegasus vuelve a estar en el centro del tablero político mexicano. Y el juego apenas comienza.
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