Aunque a veces suene lejano, el robo al transporte de carga es un problema que nos afecta a todos. Cada vez que una mercancía no llega a su destino porque fue interceptada en el camino, no solo pierde la empresa: también lo siente la economía, se encarece el producto, se frena la inversión y se pierde confianza en el país. Por eso, lo que pasó esta semana en Monterrey tiene más importancia de la que parece.
Diputadas federales —todas del estado de Nuevo León— acudieron a la presentación de los resultados de la Encuesta de Robo al Transporte de Carga 2024, un estudio realizado por la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra). Más allá de los números fríos, lo que se vivió fue un ejercicio de diálogo entre legisladoras, empresarios y autoridades que quieren, literalmente, que el país se mueva sin miedo.
Y hay motivos para al menos respirar un poco: según el informe, las pérdidas por robo en carreteras bajaron 44% respecto al año pasado, y los robos por ferrocarril también cayeron 57%. Esto, traducido a pesos, significa que de más de 4 mil 700 millones de pesos en pérdidas, se bajó a poco más de 2 mil 600 millones. Pero no todo es aplauso. El estudio también revela que el 78% de las empresas encuestadas sufrieron algún tipo de robo —directo o indirecto—, y que los corredores Monterrey–San Luis, Monterrey–Tamaulipas y Monterrey–CDMX siguen siendo zonas calientes.
En ese contexto, el director de Caintra, Juan Pablo García Garza, dijo lo obvio pero necesario: aunque haya mejoras, no se puede bajar la guardia. Insistió en que la clave es seguir cooperando: gobierno, industria, Congreso, todos. Que si vigilancia, que si compartir datos, que si tecnología, pero sobre todo coordinación. Sin eso, ni los trenes ni los camiones llegarán seguros.
Desde el Congreso, la diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos, líder de Morena en Nuevo León, sacó pecho por lo que ella llama un cambio de enfoque: seguridad carretera basada en inteligencia, tecnología y trabajo conjunto. Dijo que desde el Legislativo han trabajado para tener leyes que permitan rastrear mercancías en tiempo real y actuar rápido cuando hay un incidente. También reconoció el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario Omar García Harfuch en impulsar este nuevo modelo de seguridad.
Por su parte, Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, fue más técnica: habló de reformas constitucionales, de nuevas leyes que le dan más dientes a la Guardia Nacional y de plataformas que interconectan datos para adelantarse a los delitos. Y aquí soltó algo muy importante: la seguridad no es solo asunto del gobierno, también es responsabilidad del sector productivo y la sociedad.
La reunión no se quedó en palabras bonitas. Sandra Paola González, de la Secretaría de Gobernación, detalló acciones muy concretas en el Corredor Seguro de la Zona Citrícola. ¿Qué hicieron? Desde operativos carrusel para evitar que los camiones vayan como bólidos, hasta nuevas reglas para pagar multas en línea y liberar unidades más rápido. También crearon chats directos para que los operadores reporten incidencias y tengan contacto directo con las autoridades. Suena simple, pero en el día a día puede hacer toda la diferencia.
Las demás diputadas —Petra Romero, Sandra Palacios y Olga Leticia Chávez— no se quedaron atrás. Todas reiteraron su compromiso de seguir trabajando en leyes que protejan la inversión y fortalezcan la seguridad logística, algo clave si queremos que Nuevo León siga siendo el corazón industrial de México.
La reunión cerró con un mensaje claro: sí hay avances, pero también hay mucho por hacer. No se trata solo de que no te roben la carga, se trata de que haya certeza, confianza, inversión y empleo. Porque si las rutas no son seguras, los productos no llegan; y si no llegan, la economía se detiene. Así de claro.
En resumen, esta no fue una foto más con políticos y empresarios. Fue un mensaje fuerte: la seguridad logística ya no es un tema exclusivo del gobierno o de las cámaras empresariales. Es una causa común que nos afecta a todos, y que solo se puede resolver si todos —desde el Congreso hasta el operador del tráiler— jalan parejo.
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