Sheinbaum desconoce revocación de visa estadounidense del gobernador Rubén Rocha Moya

Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró este martes no tener conocimiento oficial sobre la revocación de la visa de entrada a Estados Unidos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria mantuvo una postura de reserva ante el cuestionamiento directo sobre el estatus migratorio del mandatario estatal, a pesar de que el diario Los Angeles Times reveló recientemente que dicho documento fue cancelado desde 2025.

El reporte del periodista Steve Fisher vincula este hecho con las recientes declaraciones del embajador Ronald Johnson, quien durante una visita a Los Mochis subrayó la necesidad de tipificar el soborno y la corrupción como delitos fundamentales bajo el marco del T-MEC. El diplomático advirtió que la administración estadounidense contempla implementar «medidas significativas» en materia de combate a la impunidad.

La situación de Rocha Moya se inscribe en una tendencia de mayor escrutinio desde Washington hacia funcionarios y legisladores mexicanos. Según el análisis de Los Angeles Times, la lista de personajes públicos sin acceso a territorio estadounidense incluiría a otros representantes de Morena y a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, lo cual sugiere un patrón sistémico de presión política.

El origen de esta estrategia responde a una supuesta campaña anticorrupción impulsada por la administración de Donald Trump, la cual no se limita a la revocación de visas administrativas. Fuentes consultadas por el rotativo estadounidense indican que podrían presentarse cargos formales ante tribunales federales, afectando a figuras políticas de diversos niveles gubernamentales.

A pesar de la trascendencia de esta información, el Ejecutivo Federal ha optado por no confirmar ni desmentir los datos publicados. Esta omisión, según expertos en política internacional, marca una distancia estratégica frente a los señalamientos que provienen de los organismos de seguridad de Estados Unidos, los cuales han intensificado su vigilancia sobre vínculos con el crimen organizado.

La inversión de mil millones de dólares en el complejo Pacífico Mexinol sirvió como plataforma para que el embajador Johnson enviara un mensaje directo sobre el estado de derecho. La coincidencia geográfica de este mensaje en Sinaloa es interpretada por analistas como una advertencia política directa dirigida al gobernador Rocha Moya.

El panorama diplomático entre México y Estados Unidos parece entrar en una fase de mayor fricción operativa. La falta de declaraciones por parte de la Presidencia sobre estos casos específicos subraya la complejidad de una relación donde la cooperación judicial y la soberanía política están bajo una tensión constante que podría escalar en los próximos meses.