Congreso visibiliza crisis de mujeres en prisión y sus hijos

Por Bruno Cortés

En la Cámara de Diputados hay temas que pocas veces llegan al debate público, pero que reflejan de forma clara las fallas del sistema. Uno de ellos es la situación de las mujeres privadas de la libertad, una realidad compleja que, como reconocieron legisladores y especialistas, sigue siendo invisibilizada.

Durante el foro “Mujeres en reclusión”, el diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo puso sobre la mesa algo clave: hablar de este tema no es solo hablar de cárceles, sino de desigualdad, de justicia social y de cómo el sistema impacta no solo a las mujeres, sino también a sus familias, especialmente a sus hijos.

El diagnóstico no es menor. Dentro de los centros penitenciarios, las mujeres enfrentan problemas estructurales que van desde infraestructura deficiente hasta falta de acceso a salud, educación y programas reales de reinserción. A eso se suma un punto sensible: muchas viven la maternidad en condiciones poco dignas o enfrentan la separación de sus hijos a edades tempranas.

Y aquí es donde la política pública entra de lleno. Porque no se trata solo de castigar delitos, sino de garantizar derechos humanos incluso dentro de prisión. La discusión apunta a construir una legislación con enfoque de género, que reconozca que las mujeres enfrentan condiciones distintas y requieren soluciones específicas.

Uno de los datos que más llamó la atención es que cerca del 40 por ciento de las mujeres en reclusión tiene problemas de alcoholismo, y en muchos casos los delitos se cometieron bajo sus efectos. Esto abre otro frente: el de la salud mental y las adicciones como factores que deben atenderse desde la prevención y la rehabilitación, no solo desde la sanción.

Además, especialistas señalaron que la reinserción social no ocurre automáticamente al salir de prisión. Es un proceso que requiere herramientas reales: acceso a educación, capacitación laboral, actividades culturales y deportivas. Sin eso, el riesgo de reincidencia se mantiene alto.

Las cifras también reflejan una problemática más profunda: alrededor de 13 mil mujeres están privadas de la libertad en México, muchas de ellas sin sentencia. Es decir, ni siquiera han sido condenadas formalmente. A esto se suma que la mayoría proviene de contextos de pobreza, violencia o falta de oportunidades, lo que evidencia que el sistema penal también castiga desigualdades sociales.

Otro punto crítico es el impacto en niñas y niños. Una gran parte de estas mujeres son madres, lo que genera efectos que van más allá de lo individual: desarrollo emocional complejo, rupturas familiares y consecuencias que pueden extenderse a lo largo de generaciones.

El objetivo del foro es claro: generar propuestas que se traduzcan en una iniciativa de ley que mejore las condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios y garantice derechos básicos. No es solo un tema legal, es un tema de justicia social.

Al final, el mensaje que queda es contundente: si se quiere hablar de reinserción real, el sistema penitenciario tiene que dejar de ser solo un espacio de castigo y convertirse en uno de transformación. Porque de lo contrario, el problema no se resuelve, solo se pospone.