¿Fin a los aumentos desmedidos? Brugada impulsa control de rentas en la capital

Ciudad de México, 22 de abril de 2026. — En un movimiento sin precedentes en la capital del país, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer límites al incremento de rentas, ampliar la vivienda social y redefinir las relaciones entre inquilinos y arrendadores, en medio de una creciente presión por el acceso a la vivienda.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina anunció que enviará la propuesta al Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de fijar que los aumentos en alquileres no superen la inflación, así como elevar a rango constitucional el derecho a una vivienda asequible y al arraigo comunitario.

La iniciativa se estructura en cuatro ejes principales. El primero establece un límite constitucional al incremento de rentas, alineado con indicadores inflacionarios, como mecanismo para frenar aumentos desproporcionados. El segundo plantea la obligación del gobierno de diseñar una política integral que incremente la oferta de vivienda social y asequible, priorizando a sectores de bajos ingresos y jóvenes.

Como tercer componente, se propone la creación de una Defensoría de los Derechos Inquilinarios, instancia encargada de mediar conflictos, orientar a arrendatarios y garantizar el cumplimiento de derechos y obligaciones en el mercado de renta. Finalmente, el cuarto eje reconoce el derecho al arraigo vecinal, vinculando la permanencia territorial con el desarrollo social, cultural y económico de los habitantes.

Brugada Molina subrayó que la reforma no busca vulnerar la propiedad privada, sino equilibrar las condiciones entre propietarios e inquilinos en un contexto de desigualdad creciente. “Cuando un principio se incorpora a la Constitución, se convierte en una responsabilidad de Estado”, afirmó, al defender la necesidad de blindar jurídicamente estas medidas.

Datos del gobierno capitalino indican que cerca de 2 millones de personas habitan en vivienda rentada en la ciudad, mientras que en zonas centrales más del 40% de los ingresos familiares se destina al pago de alquiler. En los casos más críticos, los hogares de menores recursos pueden destinar hasta la mitad de sus ingresos a este gasto, lo que evidencia la presión estructural del mercado inmobiliario.

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, señaló que la reforma busca brindar certeza jurídica en línea con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque reconoció que el reto estructural radica en incrementar la oferta de vivienda mediante inversión pública y privada.

Especialistas han advertido que, si bien los controles de renta pueden contener aumentos abruptos en el corto plazo, también podrían generar efectos secundarios como la reducción de oferta formal si no se acompañan de incentivos claros para el desarrollo inmobiliario. En este sentido, el éxito de la propuesta dependerá de su implementación integral y de los mecanismos que garanticen equilibrio entre regulación y mercado.

La iniciativa marca la primera etapa de una ruta legislativa más amplia que incluirá la presentación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles. El Congreso de la Ciudad de México será el encargado de analizar, discutir y eventualmente aprobar una reforma que podría colocar a la capital mexicana como referente internacional en políticas de control de alquileres y derecho a la vivienda.