Investigan a secretario judicial por litigar casos privados y amenazar personal

El Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas inició un procedimiento contra un secretario del Vigésimo Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación por presunto conflicto de interés y uso indebido de atribuciones. El funcionario es acusado de litigar asuntos de particulares mientras cobraba su salario como servidor público.

La carpeta de investigación documenta la apropiación indebida de recursos públicos para fines personales. Entre las violaciones normativas más graves destaca la extracción de expedientes oficiales fuera de los tribunales, una práctica que infringe los protocolos de resguardo documental gubernamental.

El caso escaló al ámbito penal interno tras registrarse amenazas contra la integridad física de otro trabajador del órgano jurisdiccional. Las indagatorias señalan que el secretario investigado profirió amenazas de muerte hacia un compañero, configurando un escenario de violencia laboral severa.

Para frenar estas conductas, la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial activó mecanismos precautorios extraordinarios. La separación del cargo en el circuito actual y su readscripción forzada a otro estado de la República busca desmantelar la red de operación que el funcionario mantenía en la región.

El bloqueo de acceso a las instalaciones es absoluto. La orden de restricción vigente impide al acusado acercarse a cualquier edificio del Poder Judicial en el Vigésimo Primer Circuito, protegiendo así las pruebas documentales y al personal que testificará en el proceso administrativo.

Esta acción expone las fallas en los controles de supervisión de los órganos jurisdiccionales, permitiendo que un solo funcionario acumulara hasta 48 meses de retraso en la resolución de expedientes sin que los sistemas de auditoría interna emitieran alertas tempranas.

El Magistrado Rufino H León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, estableció la postura oficial del tribunal ante el caso. Afirmó que se utilizará toda la fuerza institucional contra quienes amenacen, abusen o traicionen la función pública, descartando cualquier negociación en la aplicación del reglamento.