Acusan a Sheinbaum de evadir responsabilidad estatal en censo de desaparecidos

Por Juan Pablo Ojeda

La presentación de los resultados del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detonó exigencias de rendición de cuentas por parte de Data Cívica y colectivos de búsqueda. Las agrupaciones acusan al gobierno federal de diseñar una narrativa administrativa que deslinda al Estado de su responsabilidad operativa y jurídica en la actual crisis de seguridad.

El escrutinio de las organizaciones se centra en la atribución de culpas. De acuerdo con el pronunciamiento civil, la administración federal encuadra el fenómeno de las desapariciones exclusivamente como una consecuencia de las operaciones del crimen organizado o como un remanente histórico de la Guerra Sucia, omitiendo sistemáticamente el grado de complicidad o inacción de las instituciones de seguridad contemporáneas.

La exigencia de carpetas de investigación como requisito para el registro oficial es evaluada por Data Cívica como una política que premia la ineficiencia institucional. En un sistema judicial donde la apertura de expedientes se ve frenada por la burocracia, la corrupción y la omisión sistemática de los ministerios públicos, limitar el censo a estos documentos traslada la carga de la prueba a las familias de las víctimas.

El anuncio de que las fiscalías estarán «obligadas» a investigar fue refutado con evidencia legislativa. Las agrupaciones recordaron que dicho mandato opera por ley desde 2017. Presentar el cumplimiento de un estatuto legal preexistente como una innovación de política pública oculta el fracaso estructural de las procuradurías para acatar sus obligaciones constitucionales durante los últimos siete años.

La transparencia sobre los resultados de localización también se encuentra bajo auditoría ciudadana. La afirmación gubernamental de que el 96% de los localizados no sufrió delitos carece del respaldo metodológico público necesario para su verificación. La emisión de estos porcentajes sin desglose técnico es vista como una maniobra para minimizar la gravedad de la violencia a nivel nacional.

La impunidad métrica es otro factor de choque. Data Cívica enfatizó que mientras solo una fracción mínima de los casos reconocidos oficialmente cuenta con una investigación ministerial real y exhaustiva, el mensaje emitido por el Estado mexicano hacia las redes delictivas es de absoluta permisividad y nula persecución penal.

Las mesas de diálogo entre el gobierno y la sociedad civil exhiben una ruptura operativa. La denuncia formaliza que la administración federal mantiene un discurso público de colaboración mientras pospone indefinidamente las sesiones de trabajo técnico, excluyendo a las familias buscadoras de la supervisión de los mecanismos de depuración del registro nacional.