Ivonne Ortega respalda tope a pensiones de funcionarios

En el Congreso, donde muchas veces las discusiones suenan lejanas para la vida diaria, esta vez el tema toca directamente algo muy concreto: cuánto pueden recibir de pensión los altos funcionarios públicos. La diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, dejó claro que su bancada votará a favor de una reforma que busca ponerle un freno a esos pagos.

La propuesta modifica el artículo 127 de la Constitución y, en palabras simples, establece que ningún funcionario retirado podrá recibir una pensión mayor a la mitad del sueldo de quien ocupa la Presidencia. Es decir, se trata de poner un techo para evitar lo que muchos consideran privilegios excesivos en el servicio público.

Pero Ortega no se quedó solo en el respaldo. Puso sobre la mesa un matiz importante: no todos los trabajadores del Estado están en esa situación privilegiada. Habló de más de 14 mil personas que sí cumplieron con años de servicio —25 o más— y que, aun así, no reciben pensiones altas. Para ellos, dijo, también debe haber justicia.

Aquí entra un punto clave que puede sonar técnico pero tiene implicaciones reales: la retroactividad. Lo que preocupa a Movimiento Ciudadano es que la reforma pueda aplicarse a personas que ya tenían derechos adquiridos. En términos sencillos, cambiar las reglas después de que alguien ya cumplió con lo que se le pedía. Por eso, adelantó que su partido propondrá ajustes tanto en comisiones como en el Pleno.

Sobre si esta medida responde a la necesidad de dinero del gobierno, Ortega fue directa: no cree que recortar estas pensiones alcance para resolver problemas grandes como el desabasto de medicamentos o la reapertura de estancias infantiles. Es decir, el impacto económico podría ser limitado frente a las necesidades del país.

En paralelo, la diputada aprovechó para poner otro tema sobre la mesa: el derrame de petróleo en el Golfo de México. Señaló que su partido ya pidió a las autoridades investigar las causas y, sobre todo, atender a las familias que viven de la pesca y que hoy enfrentan pérdidas. El problema, acusó, es que estos llamados muchas veces se quedan congelados en comisiones, sin avanzar.

La preocupación no es menor. Explicó que este tipo de desastres no solo afecta a pescadores, sino que termina golpeando al turismo, a los restaurantes y a toda la economía local. Una cadena de impactos que, si no se atiende a tiempo, crece como bola de nieve.

Finalmente, Ortega también lanzó una crítica al enfoque de la agenda política actual. Mientras se discuten temas como el llamado “Plan B” de la reforma electoral, dijo, la ciudadanía está más preocupada por cuestiones básicas: seguridad, salud, empleo y vivienda. Desde su perspectiva, insistir en temas electorales sin atender esas prioridades puede alejar aún más a la gente de la política.

Así, entre pensiones, reformas y crisis ambientales, el debate en el Congreso sigue avanzando, pero con una constante: la distancia entre lo que se discute en San Lázaro y lo que realmente preocupa a la mayoría de los mexicanos.