Gobierno logra acuerdo con plataformas para frenar violencia digital

Por Juan Pablo Ojeda

El gobierno de México anunció un acuerdo inédito con algunas de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo para enfrentar uno de los problemas que más ha crecido en los últimos años: la violencia digital. Durante la conferencia matutina, autoridades federales informaron que compañías como Google, Meta Platforms y TikTok firmaron junto con la Secretaría de las Mujeres el primer acuerdo voluntario de colaboración para combatir el ciberacoso en el país.

La idea detrás del convenio es sencilla pero relevante: que las plataformas donde millones de personas pasan buena parte de su tiempo también asuman responsabilidad para que internet sea un espacio más seguro, sobre todo para las mujeres. En México, redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de video se han convertido en espacios cotidianos de convivencia digital, pero también en escenarios donde proliferan insultos, amenazas, difusión de contenido íntimo y campañas de acoso.

El problema tiene dimensiones enormes. Datos oficiales señalan que en 2024 alrededor de 18.9 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso en el país. Esa cifra representa casi tres millones más que en 2020. Detrás del número hay una realidad preocupante: las mujeres son quienes enfrentan la mayor parte de estas agresiones.

De ese total, 10.6 millones de víctimas fueron mujeres, frente a 8.3 millones de hombres. Y lo más alarmante es la edad de muchas de ellas. Más de la mitad de las mujeres que sufrieron violencia digital tienen menos de 29 años, incluyendo millones de adolescentes y jóvenes que usan internet para estudiar, socializar o trabajar.

Además, el tipo de acoso que enfrentan mujeres y hombres suele ser diferente. En el caso de ellas predominan las insinuaciones sexuales, el envío de contenido sexual no solicitado o la suplantación de identidad en redes sociales. Los hombres, en cambio, reciben principalmente mensajes ofensivos o provocaciones. Las consecuencias emocionales también varían: las mujeres reportan niveles mucho más altos de miedo, estrés e inseguridad después de sufrir este tipo de ataques.

Frente a ese escenario, el acuerdo firmado busca actuar en dos frentes. El primero es la prevención. Las plataformas se comprometieron a reforzar sus reglas comunitarias, impulsar campañas de educación digital y difundir herramientas para que los usuarios sepan cómo protegerse en internet. Como parte de este esfuerzo también se elaborará una cartilla de seguridad digital con recomendaciones básicas para evitar o enfrentar situaciones de acoso en línea.

El segundo eje es la atención a las víctimas. El acuerdo contempla establecer canales directos entre las empresas tecnológicas y las fiscalías o policías cibernéticas del país para facilitar investigaciones. También se busca agilizar el retiro de contenido íntimo difundido sin consentimiento, uno de los delitos digitales que más afecta a mujeres y adolescentes.

Otra herramienta clave será la Línea 079, opción 1, que funcionará como un primer contacto para personas que necesiten apoyo emocional tras sufrir violencia digital. La idea es que las víctimas no solo reciban asesoría técnica, sino también acompañamiento psicológico inicial mientras se canaliza el caso a las autoridades correspondientes.

En el proceso llamó la atención la ausencia de X, la red social antes conocida como Twitter y propiedad del empresario Elon Musk. De acuerdo con autoridades mexicanas, la plataforma fue invitada a participar en las conversaciones, pero argumentó que no cuenta con oficina en México y no asistió a las reuniones.

El tema no es menor porque, según funcionarios, esa red social concentra una parte importante de los discursos de odio y ataques dirigidos contra mujeres en el entorno digital, incluidas figuras públicas. Por esa razón, el gobierno aseguró que continuará insistiendo para que la plataforma participe en futuros mecanismos de colaboración.

El acuerdo marca un paso relevante en una discusión que cada vez ocupa más espacio en la agenda pública: cómo equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de proteger a las personas frente a la violencia en internet. En un país donde millones de ciudadanos viven conectados todos los días, la seguridad digital se ha convertido en un nuevo frente de política pública.