Gobierno presume recuperación histórica de concesiones mineras, pero persisten vacíos y contradicciones

Carlos Lara Moreno

El Gobierno Federal anunció la recuperación de mil 126 concesiones mineras que abarcan 889 mil 502 hectáreas, una extensión equiparable al territorio de Querétaro.

La cifra, presentada por la Secretaría de Economía, es exhibida como un giro en la política minera; no obstante, el anuncio deja más preguntas que respuestas.

El jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, José Fernando Aboitiz Saro, sostuvo que las cancelaciones obedecen principalmente a la falta de pago de derechos durante más de dos años y a la omisión de informes de exploración.

Marcelo Ebrard, titular de Economía, habló incluso de “alrededor de mil 200 concesiones” retiradas. La variación numérica, aunque marginal, revela imprecisión en un tema que exige exactitud.

El gobierno asegura que cerca de 250 mil hectáreas estaban en áreas naturales protegidas y que la directriz es impedir concesiones en esas zonas.

Sin embargo, no se ha publicado un desglose oficial que identifique los títulos específicos, sus titulares, la fecha de otorgamiento ni el estatus jurídico final de cada cancelación. Tampoco se ha difundido el prometido informe detallado sobre ubicación y características.

En el discurso oficial se mezclan dos figuras distintas: cancelaciones administrativas por incumplimiento y devoluciones voluntarias.

Las autoridades admiten que estas últimas representan un número menor, pero no precisan cuántas corresponden a cada categoría. Sin esa distinción, el dato agregado pierde claridad.

Otro punto que queda en la sombra es el impacto económico. México es uno de los principales productores mundiales de plata y mantiene una actividad minera relevante en estados como Sonora, Zacatecas y Chihuahua. El Ejecutivo ha insistido en que muchas concesiones estaban “ociosas” y se usaban con fines especulativos, pero no ha presentado evidencia pública que cuantifique cuántas estaban efectivamente inactivas ni cuánto representaban en términos de inversión comprometida.

El anuncio ocurre en un contexto internacional donde los minerales críticos —entre ellos el litio— son pieza central de la competencia geopolítica. La administración federal ha reiterado que busca frenar la especulación y fortalecer el control del Estado sobre recursos estratégicos, pero no ha explicado si la recuperación de concesiones forma parte de una estrategia más amplia vinculada a acuerdos internacionales o a la cadena de suministro de minerales.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el litio mexicano, concentrado en arcillas, no es actualmente rentable. Admitió que la extracción depende de desarrollos tecnológicos encabezados por el Instituto Mexicano del Petróleo y que, hoy por hoy, resulta más barato importarlo.

El contraste es evidente: mientras se recuperan hectáreas bajo el argumento de soberanía, el mineral estratégico sigue sin viabilidad comercial.

El discurso gubernamental insiste en que la medida combate la especulación y protege bienes nacionales.

No obstante, sin información desagregada, sin datos verificables sobre los concesionarios afectados y sin una evaluación del impacto económico y ambiental, el anuncio se mantiene en el terreno de las declaraciones.