INE multa a partidos por afiliaciones indebidas y aprieta la rendición de cuentas

Por Juan Pablo Ojeda

La sesión más reciente del Consejo General del INE dejó un mensaje claro para los partidos políticos: el manejo de la afiliación ciudadana no es un trámite menor y tampoco una zona gris. Las prácticas indebidas en altas y bajas de militantes dominaron la discusión y se tradujeron en multas que, en conjunto, suman casi 9.7 millones de pesos.

El golpe más fuerte fue para Morena, que deberá pagar poco más de 5.8 millones de pesos, seguido del PRI, con una sanción cercana a los 2.7 millones. En la lista también aparecieron el Partido Verde, Movimiento Ciudadano y el PAN, con montos menores pero igualmente significativos en términos políticos. Más allá de las cifras, el fondo del asunto es la falta de pruebas claras de que las personas afiliadas o desafiliadas dieron su consentimiento.

Dicho en sencillo: el INE detectó que ciudadanos aparecieron en padrones partidistas sin haberlo pedido o fueron dados de baja sin autorizarlo. Eso, para la autoridad electoral, vulnera un derecho básico: la libertad de decidir si se quiere o no pertenecer a un partido político. Los consejeros fueron claros al señalar que los partidos no lograron demostrar que actuaron con el aval expreso de las personas involucradas.

Las sanciones derivan de la resolución de 54 procedimientos ordinarios sancionadores, la mayoría relacionados con estas irregularidades. Aunque el número puede parecer elevado, en el INE lo ven como parte de un proceso para ponerse al día. De los 257 casos acumulados en esta materia, ya se resolvió el 77 por ciento, un avance que busca reducir rezagos y cerrar espacios a prácticas opacas.

En la misma sesión, el Consejo General tomó otras decisiones relevantes. Por unanimidad, se designó a Blanca Cecilia Martínez Escobedo como nueva consejera electoral del instituto local de Zacatecas, con un encargo de siete años, reforzando la estructura electoral rumbo a futuros procesos.

También se puso sobre la mesa el panorama financiero de los organismos electorales estatales para 2025. El diagnóstico no fue parejo: estados como Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas enfrentan riesgos presupuestales altos, mientras que otros mantienen condiciones estables. Este punto es clave, porque sin recursos suficientes, la organización de elecciones se vuelve cuesta arriba.

En materia de equidad, el INE revisó cómo se están integrando los consejos electorales y destacó avances en la inclusión de personas indígenas, afromexicanas y de la diversidad sexual. Aun así, reconoció pendientes importantes con jóvenes, personas mayores y con discapacidad, por lo que se planteó crear estándares permanentes que refuercen la diversidad en los órganos de decisión.

La sesión cerró con un balance del trabajo en organización electoral durante el año, donde se discutieron temas que van desde la posible expansión del voto electrónico hasta la evaluación del voto anticipado. En conjunto, las decisiones reflejan un INE que busca ordenar la casa, exigir cuentas a los partidos y fortalecer las reglas del juego democrático, incluso cuando eso implica sanciones incómodas.