Congreso pide frenar jueces con historial sucio

Por Bruno Cortés

Imagínate que alguien acusado de delitos graves como abuso sexual, peculado o hasta vínculos con el crimen organizado quiere ser juez o magistrado en México. Peor aún: que haya quienes apenas y pasaron la carrera con un promedio raspado, pero aun así quieren impartir justicia desde un tribunal. Pues justo por eso, los presidentes del Congreso, el diputado Sergio Gutiérrez Luna y el senador Gerardo Fernández Noroña, decidieron alzar la voz.

Ambos legisladores mandaron un documento formal al INE para pedir que cancele el registro de candidaturas judiciales que claramente no cumplen con lo que exige la Constitución. Porque, aunque sean cargos que se eligen por voto popular en este proceso extraordinario 2024-2025, eso no borra los requisitos legales y éticos que deben cumplir quienes quieren convertirse en jueces o magistrados.

El tema es serio: hay al menos 18 personas con carpetas de investigación abiertas o incluso órdenes de aprehensión vigentes. Y otras 8 más que, si bien no tienen líos penales, no alcanzan el promedio de 8 en su licenciatura en Derecho, como marca la ley. ¿Te imaginas a alguien que sacó 7 en la carrera tomando decisiones sobre tu libertad, tu patrimonio o tus derechos?

Pero esto no es solo un asunto de calificaciones. Gutiérrez Luna fue claro: no se trata de discriminar, sino de garantizar que quienes impartan justicia tengan la preparación, la ética y la reputación limpia para tomar decisiones que afectan a millones. Porque en el sistema judicial no se necesita solo saber leyes, sino tener la confianza del pueblo.

Además, algunos de los aspirantes impugnados han sido defensores legales de personas vinculadas al crimen organizado, lo cual puede parecer legítimo desde la defensa legal, pero se convierte en un conflicto de interés serio si ahora quieren ser autoridad judicial. Y como dicen por ahí: no se puede ser juez y parte.

Los legisladores insisten en que si se permite el registro de personas con antecedentes dudosos o sin el perfil académico adecuado, se estaría tirando por la borda el esfuerzo de reformar el Poder Judicial y restaurar la confianza ciudadana en la justicia.

En resumen: el Congreso está poniendo un alto antes de que sea demasiado tarde, buscando que el INE cancele estos registros y garantice que quienes lleguen al Poder Judicial lo hagan con solvencia moral, legal y profesional. Porque votar no lo es todo: también hay que cumplir con la ley para poder aplicar la ley.