¿Y si las empresas también tuvieran que respetar los derechos humanos?

Por Bruno Cortés

En una de esas tardes donde San Lázaro parece más una biblioteca que un Congreso, la diputada Kenia Gisell Muñiz Cabrera, de Morena, se salió un poco del guion legislativo para presentar un libro que —aunque suene técnico— nos pone a pensar en algo bien real: ¿deberían las empresas rendir cuentas cuando afectan a las personas?

El libro se llama “Derechos Humanos y empresas, consideraciones jurídicas y análisis de caso”, escrito por Adalberto Méndez López, y no es solo un texto académico: es un intento por poner sobre la mesa un debate que casi nadie quiere tener. Porque hablar de derechos humanos es fácil cuando se trata del Estado, pero ¿qué pasa cuando el daño viene de una empresa?

La diputada Muñiz Cabrera lo dijo clarito: los derechos humanos no se pueden ver como un asunto aislado, son parte del paquete completo que incluye economía, administración y hasta las reglas del juego empresarial. Porque si una empresa contamina, explota trabajadores o desplaza comunidades, eso también es violar derechos.

El autor del libro explicó que este trabajo es un esfuerzo colectivo de estudiantes, practicantes y profesores del diplomado en empresas y derechos humanos. Y lo más interesante es que se enfoca en tres ideas que dan mucho de qué hablar:

1. Las empresas pueden ser sujetas de obligaciones en derechos humanos.

2. Pueden llegar a violarlos.

3. Pero también pueden ayudar a construir una sociedad más justa.

Él mismo escribió un capítulo en el que plantea todo esto como si fuera una distopía (ya sabes, como esas historias donde las grandes corporaciones dominan el mundo). Su punto es claro: hay empresas que cruzan la línea, y si no hay reglas claras o sanciones, eso se vuelve costumbre.

Y aquí entra algo clave: el cuarto párrafo del artículo 25 de la Constitución, que dice que las empresas en México tienen la obligación de actuar con responsabilidad social. Suena bien, pero ahí va el dato fuerte: en 90 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nunca ha definido qué significa eso realmente. Como si tuvieras una ley sin castigo, o una promesa sin consecuencias.

Por eso, Méndez López le echó la bolita a la diputada: “usted que puede legislar, haga algo con esto”. No como reclamo, sino como una propuesta concreta: hacer una iniciativa para que las empresas sepan que no pueden hacer lo que quieran.

El politólogo Enrique Pérez Hernández también se sumó al diálogo. Para él, lo valioso del libro son los casos reales. Porque cuando uno ve lo que ya ha pasado —lo bueno y lo malo— puede entender mejor hacia dónde vamos. Él explicó que hay dos bandos bien marcados:

• Los que quieren más regulación, para que las empresas respeten derechos.

• Y los que dicen que eso es demasiado y que no se les puede imponer una moral.

Al final, la invitación fue a repensar el papel de las empresas en la sociedad, no solo como generadoras de empleo o riqueza, sino también como actores responsables del bienestar de las personas. Porque los derechos humanos no son opcionales, y el poder económico tampoco debería ser una excusa.