Proponen nueva ley para agilizar adopciones en México

Por Bruno Cortés

En México, adoptar a una niña, niño o adolescente puede convertirse en una carrera de obstáculos interminable. Hay burocracia, reglas distintas en cada estado y trámites que parecen nunca acabar. Muchas veces, mientras los papeles van y vienen, miles de menores siguen esperando en albergues una familia que no llega. Para intentar cambiar esa realidad, las diputadas Diana Karina Barreras Samaniego y Nora Yessica Merino Escamilla, del Partido del Trabajo (PT), están impulsando una iniciativa que podría poner orden, rapidez y justicia al sistema de adopciones en todo el país.

La propuesta se llama Ley General de Adopciones y tiene como objetivo principal unificar todo el proceso a nivel nacional. Es decir, que ya no haya reglas diferentes en cada estado y que el trámite sea más ágil, claro y con tiempos definidos. Porque mientras las leyes varían dependiendo de dónde vivas, las infancias siguen esperando. Esta ley busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a vivir en una familia, y que ese derecho no dependa del código postal.

La iniciativa ya fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión. El enfoque es claro: proteger el interés superior de la niñez. ¿Cómo? Primero, eliminando trabas innecesarias. La idea es quitar pasos duplicados, poner plazos límite para resolver los juicios de adopción y facilitar los certificados de idoneidad, esos que confirman que una persona está capacitada para adoptar.

También se pone un freno importante a prácticas oscuras: queda prohibido prometer adopciones antes del nacimiento, hacer trámites por la libre o sin supervisión de autoridades, cobrar de más, hacer negocios con menores o simular vínculos familiares con fines turbios. Se trata de cerrar la puerta a la venta de menores, la trata o cualquier forma de abuso.

Para quienes buscan adoptar, se fijan reglas claras. Podrán hacerlo personas solteras, parejas casadas o en concubinato, mayores de 25 años, con al menos 17 años de diferencia con respecto a la persona que se quiere adoptar. Además, tendrán que comprobar que tienen estabilidad económica, emocional y moral, y no estar en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios. O sea, si alguien no cumple con sus obligaciones como padre o madre, no podrá adoptar.

¿Y a quiénes se puede adoptar? A niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales, en situación de abandono o que hayan perdido legalmente la patria potestad. También a personas mayores de 18 años con alguna incapacidad si necesitan protección.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes será la encargada de revisar si quienes quieren adoptar son aptos. Hará estudios psicológicos, médicos y socioeconómicos, y elaborará un expediente. Si todo está en regla, se les otorgará un Certificado de Idoneidad, y a partir de ahí pasarán a una lista nacional de personas candidatas para adoptar.

El siguiente paso será que, junto con el Consejo Técnico de Adopciones, se asigne un menor tomando en cuenta su situación, sus necesidades específicas y la compatibilidad con el entorno familiar de quien desea adoptarlo. Pero aquí no acaba todo: después de la adopción, habrá un seguimiento por al menos tres años, con visitas domiciliarias o comparecencias semestrales, para asegurarse de que la integración familiar va bien.

Las diputadas proponentes creen que si esta ley se aprueba, México estaría dando un paso clave hacia una cultura de adopción más humana, homogénea y sin tantos enredos. En pocas palabras: menos burocracia, más familias, y sobre todo, más niñas y niños creciendo donde deben estar: en un hogar.