En el Congreso mexicano, el diputado Mario Alberto López Hernández, del PVEM, está empujando una iniciativa que busca ponerle freno a un problema que muchos quizá no ven todos los días, pero que tiene implicaciones enormes para la seguridad del país. La propuesta reforma el artículo 250 Bis del Código Penal Federal y eleva las penas para quien falsifique uniformes, divisas o credenciales de las fuerzas armadas y de cualquier institución de seguridad pública, pasando de cinco a doce años de cárcel a doce a quince años de prisión.
La intención detrás de esta medida es clara: proteger los símbolos oficiales y evitar que se usen de manera indebida. López Hernández explica que estos elementos no son simples adornos; representan autoridad, legitimidad y profesionalismo. Cuando alguien los falsifica, no solo comete un delito, también socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones que garantizan la seguridad y el orden.
El diputado advierte que la falsificación de uniformes y divisas puede tener consecuencias graves: desde suplantar agentes de seguridad hasta cometer robos, extorsiones o incluso actos de mayor gravedad como terrorismo. Además, genera confusión en la población y debilita la autoridad de quienes realmente tienen la responsabilidad de protegernos.
En su propuesta se puntualiza que los uniformes, insignias, credenciales, medallas, gafetes, escudos y documentos oficiales cumplen funciones esenciales en el día a día de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. No solo facilitan la identificación de los miembros de estas instituciones ante la ciudadanía, sino que también aseguran que solo los autorizados puedan fabricarlos, distribuirlos y utilizarlos en el ejercicio de sus funciones.
Con esta iniciativa, López Hernández busca fortalecer la confianza en las instituciones de seguridad y enviar un mensaje claro: falsificar símbolos oficiales no será un delito menor, sino un acto que pone en riesgo la integridad de la sociedad y que debe ser castigado con todo el peso de la ley. La propuesta ahora está en manos de la Comisión de Justicia, que decidirá los próximos pasos para convertirla en ley.
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