Liberan a agresores y las mujeres temen por su vida: ¿quién protege a las víctimas?

Por Bruno Cortés

En el Senado de la República, entre cámaras, micrófonos y el vaivén del debate político, se alzó la voz de un legislador que, más allá de los colores partidistas, puso el dedo en la llaga de un tema que muchas veces se esquiva por incómodo: la justicia en México no está del lado de las mujeres violentadas.

José Narro Céspedes, diputado de Morena, no se anduvo por las ramas. Denunció que en los últimos días se han liberado a varios agresores de mujeres, incluso antes de cumplir su sentencia. Sí, así como se lee: hombres que han golpeado, amenazado y hasta intentado asesinar a sus parejas, hoy están en la calle, como si nada. Y no se trata de casos aislados. Detrás de esas liberaciones, Narro señaló la mano de “grupos de derecha” que estarían presionando para que estos hombres salgan libres antes de tiempo.

Pero, más allá de la política partidista, el foco está en las víctimas. Mujeres como Karla García, quien en una conferencia con la voz entrecortada y el miedo presente en cada palabra, contó que su agresor —sí, el mismo que intentó matarla— fue liberado recientemente. ¿La razón? Según ella, por presión de grupos con poder y con el visto bueno de autoridades judiciales. El mismo Estado que debió protegerla hoy, dice, le ha fallado. “Estoy en peligro junto con mi hijo de siete años”, denunció.

Este tipo de violencia, conocida como violencia vicaria, no es sólo física. Se trata de una forma cruel de agresión en la que los hijos se convierten en herramienta para seguir dañando a la mujer. Y mientras los agresores son liberados por razones aún poco claras, las víctimas viven encerradas en una prisión de miedo, sin garantías de seguridad y con un sistema judicial que parece más ocupado en proteger al agresor que en respaldar a quien sobrevivió.

Lo que preocupa, y con justa razón, es que esto podría marcar una regresión peligrosa en la lucha contra la violencia de género. Porque, aunque en el papel existen leyes, juzgados especializados y discursos bonitos sobre equidad, la realidad es que cuando las víctimas tocan la puerta de la justicia, muchas veces no hay nadie del otro lado.

Y aquí es donde las políticas públicas se ponen a prueba. No basta con programas de apoyo, ni con campañas en redes sociales. Se requiere voluntad política para reformar de fondo el sistema judicial. Que jueces y magistrados analicen los casos con perspectiva de género, como han exigido colectivos feministas que también alzaron la voz en esta conferencia. Que se entienda que liberar a un agresor no es una decisión técnica: es una sentencia de miedo perpetuo para la víctima.

El mensaje de Narro Céspedes y de las víctimas es claro: esto no es política, es vida o muerte. Y mientras el sistema siga dejando huecos por donde se cuelan los violentadores, cualquier avance en derechos de las mujeres seguirá siendo una promesa a medias.

Hoy la pregunta es directa: ¿de qué lado está el Estado mexicano? ¿Del lado de quienes han demostrado ser un peligro, o del lado de quienes solo quieren vivir en paz? La respuesta, tristemente, aún no es clara. Y mientras tanto, la cuenta de mujeres que temen por su vida sigue creciendo.