Vallarta, tras 19 años de prisión, espera audiencia para revisar su medida cautelar

Por Juan  Pablo Ojeda

Después de 19 años y siete meses tras las rejas sin haber sido sentenciado, un tribunal colegiado de apelación ordenó revisar si Israel Vallarta debe seguir en prisión preventiva o puede acceder a medidas cautelares alternativas, como lo han solicitado su defensa, su familia y organismos internacionales como la ONU.

La resolución obliga a que la jueza Marina Vieyra cite a una audiencia para evaluar el caso, siempre que la Fiscalía General de la República (FGR) no se oponga ni recurra la decisión a tiempo.

Durante estos años, la defensa, a cargo del Instituto Federal de Defensoría Pública, ha solicitado el cambio de medida por el deterioro progresivo de la salud de Vallarta en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, Estado de México. Sin embargo, hasta ahora ha sido rechazado con argumentos como que la dilación del proceso se debe a él mismo y que las autoridades han actuado con diligencia.

Pero hay elementos que modifican esa postura, a saber:

• En agosto de 2023 y septiembre de 2024, el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU emitió medidas provisionales para que se garantice atención médica y psicológica inmediata a Vallarta, además de considerar medidas alternativas, como el arresto domiciliario.

• El CAT es vinculante conforme a recientes pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que llevó a la defensa a interponer un amparo directo al inicio de este año.

El abogado Arturo Roblesferia ha señalado: “es impostergable la aplicación de medidas alternativas. La afectación en su salud es degenerativa y es incompatible con la prisión preventiva”.

El parte médico indica que Vallarta padecería artrosis, migraña, tensión arterial, lesión vertebral, problemas auditivos, insomnio, bronquitis, gastroenteritis e insuficiencia venosa, como consecuencia de torturas nunca atendidas y casi dos décadas de encierro, incluso con agresiones de perros y otros reclusos. Su esposa, Mary Sainz, denunció que recientemente sufrió un derrame ocular por estrés y ansiedad.

Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, un cambio objetivo en la condición del acusado obliga al juez a reevaluar la necesidad de la prisión preventiva. Por ello, el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito otorgó el amparo y ordenó a la jueza citar a audiencias a las partes involucradas, incluyendo a la FGR.

La Fiscalía, sin embargo, representa un nuevo obstáculo. La Defensoría pidió públicamente que la FGR no impugne esta resolución, y que permita avanzar hacia una resolución final basada en estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

El proceso penal ya está en su fase final: el 31 de enero pasado se celebró la audiencia de vista, solo resta la sentencia definitiva. Mientras tanto, Israel Vallarta espera la revisión de su situación jurídica y el posible beneficio de medidas alternativas tras casi dos décadas en prisión.

Su caso ha mostrado también las fallas del sistema judicial mexicano. Arrestado el 8 de diciembre de 2005, junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, Vallarta fue víctima de un montaje policial televisado tras supuesta tortura por agentes que ahora están condenados por delitos como tortura y delincuencia organizada: Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. En 2013, la SCJN ordenó liberar a Cassez por su montaje, pero el caso de Vallarta ha seguido estancado.