Las adjudicaciones directas marcaron la gestión de Lorenzo Córdova al frente del INE

Las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) durante la presidencia de Lorenzo Córdova Vianello quedaron bajo un nuevo escrutinio luego de que un análisis de MILENIO revelara que las adjudicaciones directas superaron casi 318 veces a las licitaciones públicas en los registros correspondientes a 2019, 2021, 2022 y 2023.

La revisión de la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) identificó 171 mil 323 registros clasificados como adjudicaciones directas, frente a solamente 539 correspondientes a licitaciones públicas. Esta diferencia evidencia el amplio predominio numérico de los procedimientos de contratación sin concurso abierto en los años examinados.

La distancia también se refleja en los recursos económicos involucrados. De acuerdo con el análisis, las adjudicaciones directas concentraron 3 mil 608 millones 880 mil 854 pesos, equivalentes a 57.75 por ciento de los 6 mil 249 millones 631 mil 759 pesos identificados en el periodo.

En contraste, las licitaciones públicas representaron 2 mil 438 millones 273 mil 113 pesos, es decir, 39.01 por ciento del gasto registrado. La diferencia entre ambas modalidades ascendió a mil 170 millones 607 mil 741 pesos.

Esto significa que por cada peso destinado a licitaciones públicas se ejercieron aproximadamente 1.48 pesos mediante adjudicaciones directas. Aunque la proporción económica es considerablemente menor que la diferencia en el número de registros, las cifras muestran que estas últimas concentraron casi seis de cada diez pesos del presupuesto identificado.

En conjunto, ambas modalidades representaron 96.76 por ciento de los recursos analizados, mientras que el porcentaje restante correspondió a otras formas de contratación o registros cuya clasificación requiere mayor precisión.

Es importante considerar que los datos corresponden exclusivamente a los cuatro años revisados y no representan necesariamente la totalidad de los contratos realizados durante la presidencia de Córdova. Asimismo, el uso de adjudicaciones directas no constituye automáticamente una irregularidad, debido a que la legislación permite recurrir a este mecanismo bajo determinadas circunstancias y con justificaciones específicas.

Sin embargo, el volumen de operaciones y los recursos involucrados abren interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores, las razones para evitar concursos abiertos y los mecanismos de supervisión que garantizaron el adecuado ejercicio del presupuesto electoral.

Investigaciones sobre proveedores alcanzan a dos presidencias del INE

Los resultados del análisis se conocen en un momento en que las investigaciones sobre posibles irregularidades en las contrataciones del INE comenzaron a extenderse más allá de la administración de Guadalupe Taddei, para incorporar antecedentes de la gestión de Lorenzo Córdova.

El caso surgió a partir de señalamientos sobre una presunta red de empresas proveedoras de urnas, mamparas, boletas y otros materiales utilizados durante los procesos electorales. En el centro de las indagatorias aparecen los empresarios José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, relacionados con distintas compañías que durante años participaron en contrataciones del instituto y de organismos electorales estatales.

Entre las firmas señaladas se encuentran Cajas Graf, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México y Diseño, Reconstrucción y Comunicación.

Las investigaciones buscan determinar si existieron vínculos empresariales que permitieron aparentar competencia entre proveedores, influir en los precios de los productos o conseguir contratos mediante procedimientos presuntamente irregulares.

Una de las líneas de análisis consiste en establecer si compañías relacionadas entre sí participaron en procedimientos como competidoras independientes, lo que habría podido afectar las condiciones de transparencia y competencia en las adquisiciones.

No obstante, la aparición de estas empresas en las investigaciones no significa que todas sus contrataciones sean ilegales ni que los funcionarios que intervinieron en ellas hayan cometido alguna falta. Para establecer responsabilidades será necesario revisar los procedimientos y determinar si existieron conductas contrarias a la legislación.

Empresas investigadas ya participaban durante la gestión de Córdova

Uno de los antecedentes que amplía el alcance de las indagatorias es que algunas de las compañías señaladas ya tenían presencia en el mercado de materiales electorales antes de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del INE, en abril de 2023.

Los registros públicos examinados por MILENIO muestran que Cajas Graf, Corporativo ZEG y Formas Finas y Materiales ya participaban en procedimientos para suministrar materiales electorales durante la administración de Lorenzo Córdova.

Aunque participar en una licitación no significa necesariamente haber obtenido el contrato, estos antecedentes permiten identificar que algunas de las empresas que actualmente aparecen en las investigaciones mantenían actividad comercial con las autoridades electorales desde años anteriores.

El alcance del caso tampoco se limita al instituto nacional. Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), responsables de organizar los comicios en las entidades federativas, también aparecen en la revisión de contrataciones realizadas con compañías relacionadas con los mismos empresarios.

De acuerdo con información presentada por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE ante la Cámara de Diputados, las contrataciones vinculadas con esta red empresarial alcanzaron aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos al considerar tanto al organismo nacional como a los institutos electorales locales.

La cifra amplía la dimensión de las investigaciones, pues involucra recursos públicos destinados a la organización de elecciones en diferentes estados del país.

Órgano Interno de Control investiga posibles anomalías en contrataciones

El caso también puso bajo escrutinio a las instancias encargadas de vigilar las adquisiciones y garantizar que los recursos del INE se utilizaran conforme a la normativa.

En un informe entregado a la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control, reportó 16 expedientes de investigación abiertos durante 2025 y 2026.

De estos, 11 están relacionados con contrataciones públicas e involucran al menos a 15 servidores y exservidores públicos, ocho personas físicas y 18 empresas. A estos procedimientos se suman otras 25 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones de control.

Entre las conductas que se encuentran bajo análisis figuran posibles conflictos de interés, irregularidades en los requisitos de contratación, deficiencias en la supervisión de los bienes y servicios adquiridos y eventuales afectaciones a los recursos públicos.

Las indagatorias también han generado cuestionamientos sobre la oportunidad con la que actuaron las áreas responsables de detectar posibles anomalías y aplicar medidas correctivas.

De esta manera, la revisión ya no se limita a determinar qué empresas recibieron contratos y cuánto dinero obtuvieron, sino que también busca esclarecer cómo fueron seleccionadas, qué controles se aplicaron y si las autoridades encargadas de vigilar los procedimientos cumplieron con sus responsabilidades.

INE busca fiscalizar diez años de compras y servicios

Ante la dimensión de los señalamientos, el Consejo General del INE aprobó el pasado 5 de noviembre un plan de auditorías y controles para atender las dudas sobre las contrataciones del organismo electoral.

Entre las medidas contempladas se encuentra solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una fiscalización extraordinaria de las compras, arrendamientos y servicios contratados entre 2016 y 2026.

El periodo comprende tanto la etapa final de la presidencia de Lorenzo Córdova como la administración de Guadalupe Taddei, por lo que permitirá revisar operaciones realizadas durante dos gestiones distintas.

La intención es ampliar el análisis más allá de los contratos recientes y determinar si las posibles irregularidades detectadas corresponden a casos aislados o si existieron prácticas que pudieron mantenerse a lo largo de varios años.

La revisión también permitirá examinar las condiciones de competencia entre proveedores, las justificaciones para recurrir a adjudicaciones directas, los criterios de selección y la documentación que respalda las decisiones de compra.

En este contexto, los registros analizados por MILENIO aportan un antecedente relevante sobre el manejo de los recursos del INE durante la presidencia de Córdova: las adjudicaciones directas dominaron ampliamente en número y concentraron una mayor proporción del gasto que las licitaciones públicas.

Aunque estas cifras no prueban por sí mismas la existencia de corrupción ni permiten atribuir responsabilidades, sí colocan bajo la lupa los mecanismos mediante los cuales el organismo electoral adquirió bienes y servicios. La auditoría de una década será fundamental para esclarecer si los procedimientos se ajustaron a la ley y si existieron fallas en los controles destinados a proteger el presupuesto público.