¿Quién puede comprar casa en CDMX? Solo 8% alcanza la oferta inmobiliaria

La compra de una vivienda en la Ciudad de México se ha convertido en una posibilidad económica cada vez más distante para la mayoría de la población. Un diagnóstico del sector inmobiliario estima que 92% de los habitantes no tiene capacidad para adquirir la mayor parte de las casas y departamentos disponibles en el mercado, debido al encarecimiento de los inmuebles, los ingresos insuficientes y la limitada oferta de vivienda accesible.

El dato, atribuido a la consultora 4S Real Estate, revela una brecha entre los precios de las propiedades y el poder adquisitivo de las familias capitalinas. De acuerdo con la estimación correspondiente a 2025, apenas 8% de la población podía costear 85% de las viviendas en venta, mientras que el 92% restante quedaba fuera de las posibilidades de compra bajo las condiciones del mercado.

Aunque en algunas versiones del diagnóstico se menciona que hasta 95% de los capitalinos no puede comprar una vivienda, la cifra documentada con mayor claridad es 92%. La diferencia es relevante para dimensionar el problema sin presentar como dato confirmado una estimación que podría corresponder a otro periodo o metodología.

La presión sobre el mercado inmobiliario también se refleja en los precios. Un análisis de la plataforma Monopolio, publicado en noviembre de 2026, señala que el valor promedio de una vivienda en la capital alcanzó los 3.34 millones de pesos durante el primer semestre del año, frente a los 2.19 millones registrados en 2019. Esto representa un incremento de 52% en siete años.

En contraste, el mismo análisis calcula que la capacidad promedio de adquisición de los habitantes se ubica en aproximadamente 940 mil pesos. La diferencia entre ambos montos evidencia que una parte importante de la población enfrenta dificultades para reunir el enganche, cumplir con los requisitos de financiamiento y cubrir las mensualidades de un crédito hipotecario.

El encarecimiento no es un fenómeno exclusivo de la capital. La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), organismo público encargado de impulsar el desarrollo del mercado de vivienda, reportó que los precios en la Zona Metropolitana del Valle de México aumentaron 4.6% durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. A nivel nacional, el incremento fue de 7.9%.

A esta situación se suma la insuficiencia de vivienda económica y social en zonas con acceso a transporte, servicios y fuentes de empleo. La Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México reconoce en su diagnóstico institucional que el aumento de los precios de venta y renta ha dificultado el acceso a una vivienda adecuada para los sectores de menores ingresos, además de contribuir al desplazamiento de habitantes hacia las periferias de la ciudad y entidades vecinas.

El diagnóstico también advierte que la gentrificación ha intensificado las desigualdades territoriales, al elevar los costos de vida en determinadas zonas y modificar las condiciones de permanencia de sus habitantes. Esto plantea un problema que va más allá de la posibilidad de adquirir una propiedad: también afecta a quienes rentan y deben destinar una proporción creciente de sus ingresos para permanecer cerca de sus centros de trabajo y redes familiares.

Frente a este escenario, el Gobierno capitalino ha planteado ampliar la producción de vivienda social y fortalecer los programas de mejoramiento, rehabilitación y acceso a financiamiento. En su primer informe de gobierno, la Secretaría de Vivienda estableció como objetivo realizar 200 mil acciones de vivienda durante el sexenio y reportó un incremento presupuestal de 4 mil 700 millones de pesos en 2024 a 9 mil millones en 2025.

Sin embargo, el desafío consiste en que estas acciones se traduzcan en viviendas disponibles a precios compatibles con los ingresos de la población, particularmente en zonas céntricas y bien conectadas. El aumento de los recursos públicos, por sí solo, no garantiza que las familias que actualmente están excluidas del mercado puedan acceder a una propiedad.

La cifra de 92%, por tanto, debe entenderse como una estimación de la población que no puede adquirir la mayor parte de la oferta inmobiliaria disponible, y no como el porcentaje de personas que carece de techo o vive necesariamente en condiciones de desalojo. El dato permite dimensionar la desigualdad en el acceso a la propiedad, pero también exhibe la distancia entre el mercado inmobiliario y la capacidad económica de los hogares capitalinos.