Congreso capitalino cuestiona actuación de Cuauhtémoc ante protesta de mujeres trans

El Congreso capitalino aprobó un Punto de Acuerdo para pedir a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, abstenerse de criminalizar las manifestaciones de las poblaciones LGBTTTIQ+, luego de los enfrentamientos registrados el 9 de octubre durante una protesta de colectivas trans frente a la sede de la demarcación. Además, solicitó investigar posibles abusos de autoridad y garantizar atención a las personas afectadas.

La resolución, aprobada durante la sesión ordinaria del 12 de noviembre, plantea que la funcionaria garantice los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual y de género, y evite cualquier acto de hostigamiento, discriminación, persecución, violencia institucional o criminalización de la protesta social.

El Punto de Acuerdo fue presentado por la diputada de Morena, Brenda Ruiz Aguilar, quien recordó que el pasado 9 de octubre diversas colectivas se manifestaron pacíficamente en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc para solicitar una audiencia con Rojo de la Vega.

Entre las organizaciones participantes se encontraban Casa Lleca, Lupilla Xiu, Transuixxx y Justicia Histórica Trans, cuyos integrantes buscaban establecer un diálogo sobre las condiciones de seguridad, el respeto a sus derechos y la erradicación de presuntas prácticas de violencia institucional, así como mejores condiciones para desarrollar sus actividades laborales en el espacio público.

De acuerdo con lo expuesto por la legisladora ante el Pleno, la respuesta de las autoridades de la demarcación incluyó empujones y agresiones que dejaron más de 13 personas lesionadas, entre ellas mujeres trans, personas no binarias y periodistas. Estos señalamientos fueron parte de los argumentos presentados para solicitar una revisión de la actuación de los servidores públicos involucrados.

Ruiz Aguilar también cuestionó que, después de los hechos, la alcaldesa anunciara denuncias penales contra algunas de las personas manifestantes. Consideró que la respuesta institucional debe priorizar el diálogo, la protección de los derechos humanos y la investigación de cualquier posible abuso de autoridad.

El acuerdo legislativo también solicita a distintas instancias capitalinas implementar medidas precautorias, proporcionar acompañamiento integral y protección a las víctimas, así como determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de las agresiones denunciadas.

En particular, el Congreso pidió a la Alcaldía Cuauhtémoc presentar un informe sobre su actuación durante la manifestación, en el que detalle las acciones realizadas, las instrucciones emitidas y las medidas adoptadas para esclarecer lo ocurrido, atender a las personas afectadas y evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

Asimismo, solicitó a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, mediante el Órgano Interno de Control de la alcaldía, investigar posibles responsabilidades administrativas de quienes presuntamente ordenaron, ejecutaron o permitieron las agresiones, así como eventuales omisiones en las tareas de supervisión.

Durante el debate, legisladores de Morena respaldaron la exigencia de respeto a los derechos de las personas trans y de la diversidad sexual. Iliana Sánchez Chávez, Leonor Gómez Otegui, Alberto Martínez Urincho y Ángel Tamariz Sánchez cuestionaron la actuación de la alcaldesa y plantearon incluso su renuncia, al considerar que no ha existido una atención adecuada a las demandas de este sector.

Por su parte, la diputada del Partido del Trabajo, Jannete Guerrero, rechazó las críticas de la oposición sobre una supuesta falta de trabajo legislativo en favor de las poblaciones LGBTTTIQ+. Sostuvo que el Congreso capitalino ha promovido 34 iniciativas y 16 Puntos de Acuerdo relacionados con el reconocimiento y protección de sus derechos.

En tanto, Diana Sánchez Barrios destacó que los avances en materia de diversidad sexual son resultado de décadas de organización y movilización social. La legisladora subrayó la importancia de preservar los derechos conquistados mediante el trabajo conjunto entre colectivos, organizaciones civiles e instituciones.

Desde el PAN, Frida Jimena Guillén Ortiz, Daniela Álvarez Camacho y Federico Chávez Semerena defendieron las acciones sociales de la Alcaldía Cuauhtémoc dirigidas a esta población y señalaron que otras demarcaciones deberían implementar programas similares. También plantearon la necesidad de incorporar recursos específicos en el Presupuesto de Egresos 2027 para atender necesidades de salud, vivienda, seguridad y empleo.

La aprobación del Punto de Acuerdo coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación de las autoridades de Cuauhtémoc frente a las manifestaciones de grupos históricamente discriminados. Sin embargo, el pronunciamiento legislativo no sustituye las investigaciones administrativas o penales necesarias para esclarecer los hechos, identificar a los posibles responsables y establecer si existieron violaciones a derechos humanos.

El reto para las autoridades capitalinas será garantizar que las denuncias sean investigadas con imparcialidad y que el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la integridad de las personas LGBTTTIQ+ sean respetados, independientemente de las diferencias políticas entre los actores involucrados.

Fuentes: Congreso de la Ciudad de México; Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.