Trabajadores del Poder Judicial cierran sedes y paralizan actividades en al menos 17 estados

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes 6 de noviembre un paro nacional de labores en rechazo al nuevo mecanismo de evaluación del desempeño establecido por el Órgano de Administración Judicial (OAJ). La protesta comenzó con el cierre de instalaciones federales en la Ciudad de México y se extendió a juzgados y tribunales de al menos 17 entidades del país.

Desde las primeras horas del día, empleados colocaron cadenas y candados en los accesos del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, donde también instalaron un plantón para exigir que las autoridades revisen las nuevas disposiciones. En la capital, las movilizaciones también alcanzaron las sedes judiciales de Ajusco, Las Flores y Prisma.

El movimiento se extendió a entidades como Nuevo León, Veracruz, Morelos, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Nayarit, Estado de México, Oaxaca y Tamaulipas, entre otras. De acuerdo con las convocatorias de los trabajadores, la suspensión de actividades involucra a aproximadamente 32 mil secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales que laboran en más de 900 juzgados y tribunales federales.

El origen del conflicto se encuentra en el acuerdo general del Pleno del OAJ publicado el 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual se regula el proceso de evaluación del desempeño del personal de Carrera Judicial. El documento establece un sistema de calificación de cero a 100 puntos y contempla distintos criterios para valorar el cumplimiento de las responsabilidades profesionales.

Los trabajadores cuestionan la aplicación del mecanismo y advierten que sus resultados podrían tener consecuencias sobre la permanencia en sus puestos, particularmente en etapas posteriores del proceso. También señalan la necesidad de garantizar criterios objetivos, evitar posibles decisiones discrecionales y reconocer la experiencia, antigüedad y trayectoria de quienes integran la institución.

Entre sus principales demandas se encuentran establecer evaluaciones transparentes y equitativas, garantizar capacitación y formación continua, generar oportunidades reales de ascenso y evitar que los resultados se conviertan en instrumentos de presión laboral. Los inconformes sostienen que cualquier proceso de profesionalización debe contribuir a mejorar el servicio de justicia sin vulnerar los derechos adquiridos del personal.

Por su parte, el Órgano de Administración Judicial informó que la primera evaluación, programada para diciembre de 2026, tendrá carácter diagnóstico y no ocasionará despidos, pérdida de plazas ni afectaciones a la antigüedad. Según la autoridad, esta etapa permitirá identificar fortalezas y áreas de oportunidad para orientar programas de capacitación y profesionalización.

Sin embargo, el alcance del acuerdo mantiene la preocupación entre los trabajadores, debido a que el esquema contempla evaluaciones posteriores vinculadas con la permanencia en la Carrera Judicial. La diferencia entre el carácter diagnóstico de la primera aplicación y las posibles consecuencias de las evaluaciones subsecuentes constituye uno de los principales puntos de tensión entre el personal y las autoridades.

De acuerdo con el calendario establecido, los temarios se publicarán los días 17 y 18 de noviembre, mientras que los exámenes se aplicarán entre el 4 y el 15 de diciembre de 2026, dependiendo de la categoría laboral. Las evaluaciones forman parte de un proceso institucional que continuará durante 2027.

En cuanto a la atención al público, los trabajadores señalaron que se mantendrán guardias para atender exclusivamente asuntos constitucionalmente urgentes. Esto significa que diversos trámites y procedimientos ordinarios podrían experimentar retrasos o suspensiones mientras permanezca el paro, con posibles repercusiones para las personas que tienen asuntos en curso ante los órganos jurisdiccionales federales.

La protesta coloca nuevamente bajo presión la operación de la justicia federal y abre un debate sobre los mecanismos de evaluación del servicio público judicial, la profesionalización de sus trabajadores y las garantías de estabilidad laboral. Mientras los empleados exigen modificar o dejar sin efectos el acuerdo, corresponde al OAJ aclarar los alcances de las evaluaciones y establecer mecanismos de diálogo que permitan atender las inconformidades sin prolongar las afectaciones al servicio de justicia.

Fuentes: Diario Oficial de la Federación (DOF), Órgano de Administración Judicial (OAJ) y comunicados de organizaciones de trabajadores del Poder Judicial de la Federación.