Bancas, jardineras y muros: buscan frenar el urbanismo excluyente en CDMX

La Ciudad de México podría prohibir los diseños urbanos que buscan impedir que determinadas personas permanezcan o utilicen espacios públicos. Una iniciativa presentada en el Congreso capitalino plantea reformar la Constitución local para frenar la arquitectura hostil, reparar los daños ocasionados por estas prácticas y establecer responsabilidades para quienes las implementen.

La propuesta fue presentada por la diputada del PRI, Tania Nanette Larios Pérez, y registrada durante la sesión ordinaria del martes 10 de noviembre. El proyecto busca garantizar que parques, plazas, banquetas y otros espacios públicos sean accesibles e incluyentes, sin elementos físicos que propicien la exclusión o discriminación de determinados sectores de la población.

De acuerdo con el documento presentado ante el Congreso de la Ciudad de México, la arquitectura hostil, también conocida como arquitectura excluyente, consiste en incorporar elementos físicos al diseño urbano para impedir ciertos usos de los espacios o evitar que algunas personas permanezcan en ellos.

Entre los elementos que pueden utilizarse con este propósito se encuentran muros, jardineras, fuentes y otras estructuras que limitan las posibilidades de descanso, convivencia o permanencia. Estas intervenciones suelen afectar particularmente a personas en situación de calle, aunque también pueden perjudicar a adultos mayores, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.

La legisladora sostiene que el espacio público debe funcionar como un lugar de convivencia e interacción social, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso, uso y disfrute, independientemente de su condición económica o social.

En la exposición de motivos, Larios Pérez advierte que determinados modelos de desarrollo urbano han profundizado la desigualdad, segregación y exclusión mediante diseños que priorizan el control del espacio sobre su aprovechamiento colectivo.

También cuestiona que estas estructuras sean justificadas bajo argumentos de seguridad, pues considera que no necesariamente garantizan la protección de la ciudadanía y, en cambio, pueden restringir derechos humanos y profundizar las condiciones de desigualdad.

La iniciativa plantea incorporar a la Constitución Política de la Ciudad de México disposiciones que prohíban la arquitectura hostil en espacios públicos cuando sus características atenten contra los derechos humanos o impidan el uso y disfrute de estos lugares.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que no se limita a establecer una prohibición. También contempla que quienes implementen este tipo de diseños estén obligados a realizar la compensación y reparación integral correspondiente, sin excluir las posibles sanciones administrativas o penales previstas en las leyes.

Sin embargo, la propuesta todavía no representa una disposición vigente. La Mesa Directiva del Congreso capitalino turnó la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y de Desarrollo e Infraestructura Urbana, donde será analizada y dictaminada antes de que pueda llegar al Pleno para su discusión y eventual votación.

De aprobarse, la reforma abriría la puerta a revisar intervenciones urbanas que, bajo criterios de ordenamiento o seguridad, terminan restringiendo el acceso y la permanencia de determinados grupos en espacios colectivos.

El alcance de la medida dependerá de cómo se definan los criterios para identificar la arquitectura hostil, las autoridades responsables de vigilar su cumplimiento y los mecanismos para retirar o reparar las estructuras existentes. Estos aspectos serán fundamentales para evitar que la prohibición quede únicamente en una disposición constitucional sin aplicación efectiva.

Fuente: Congreso de la Ciudad de México.