Vivienda social en CDMX: alertan sobre vacíos legales en propuesta de Banco de Suelo

La creación de un Banco de Suelo para impulsar la vivienda social y asequible en la Ciudad de México abrió un nuevo frente de discusión en el Congreso capitalino, ante la posibilidad de que el Gobierno pueda recurrir a expropiaciones para obtener terrenos. Aunque el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) 2027-2047 no establece directamente que se realizarán estas acciones, la oposición advierte que la falta de límites y procedimientos específicos deja interrogantes sobre el alcance de la futura política territorial.

El documento presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, plantea desarrollar, entre 2027 y 2033, una política de adquisición de suelo, conformar una reserva territorial y establecer un Banco de Suelo destinado a fortalecer la producción de vivienda pública, social y asequible, bajo el principio de la función social del suelo.

La estrategia busca que los sectores público, social y privado participen en la generación de alternativas habitacionales y que la población tenga mayores posibilidades de acceder a terrenos y vivienda con certeza jurídica. Para etapas posteriores, el plan también contempla impulsar cooperativas, esquemas de propiedad colectiva y otras modalidades de tenencia social.

Sin embargo, la diputada del PAN, Olivia Garza, presidenta de la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino, cuestionó que el proyecto no precise cómo se integrará el Banco de Suelo, qué terrenos podrán incorporarse, cuáles serán los criterios para seleccionarlos ni qué autoridades tendrán la responsabilidad de tomar esas decisiones.

La legisladora señaló que el concepto de adquisición de suelo puede comprender diferentes mecanismos, desde la compraventa voluntaria hasta la expropiación cuando exista una causa legal de utilidad pública. Por ello, consideró necesario establecer reglas que impidan decisiones discrecionales sobre el patrimonio de particulares.

En contraste, desde Morena se ha señalado que el proyecto del PGD no incluye expresamente el término expropiación y que el Banco de Suelo podría integrarse con terrenos propiedad del Instituto de Vivienda (INVI) y del Gobierno de la Ciudad de México. No obstante, la discusión también involucra el marco jurídico vigente y las facultades de las autoridades para adquirir propiedades por razones de interés público.

De acuerdo con la legislación de vivienda de la capital, la conformación de una bolsa de suelo puede contemplar la incorporación de predios baldíos, construcciones abandonadas, inmuebles con usos distintos al habitacional y viviendas en condiciones de alto riesgo estructural. El artículo 97 de la Ley de Vivienda para la Ciudad de México también establece que las autoridades pueden proponer expropiaciones por causa de utilidad pública para los programas correspondientes.

Esto significa que la posibilidad jurídica de recurrir a la expropiación no depende exclusivamente de que el PGD mencione esa palabra. Su aplicación requiere cumplir con los procedimientos legales, acreditar la causa de utilidad pública y garantizar la indemnización correspondiente, conforme a las disposiciones aplicables.

El antecedente de la capital muestra que este mecanismo ya se ha utilizado para atender necesidades habitacionales. Durante 2025, el Gobierno capitalino emitió decretos de expropiación sobre predios ubicados en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, relacionados con proyectos de vivienda social y reconstrucción de inmuebles habitados que presentaban condiciones de riesgo.

Otro de los cuestionamientos de la oposición se concentra en la viabilidad financiera de la estrategia. Olivia Garza ha señalado que el proyecto no detalla cuánto costará poner en marcha el Banco de Suelo en 2027, ni establece con precisión la distribución de recursos públicos, privados y sociales que permitirían cumplir sus objetivos.

La falta de información presupuestal también plantea dudas sobre los tiempos de ejecución, la capacidad institucional para administrar las reservas territoriales y los mecanismos de supervisión que deberán garantizar que los terrenos se destinen efectivamente a vivienda social y no a otros fines.

En este contexto, el análisis legislativo del PGD representa una oportunidad para precisar las condiciones bajo las cuales se adquirirán los terrenos. Entre los aspectos que deberán discutirse están la prioridad de los mecanismos voluntarios de compra, los criterios transparentes para seleccionar predios, las garantías para pequeños propietarios y las reglas de indemnización, reubicación y protección de las personas que habiten los inmuebles intervenidos.

También será necesario establecer responsables institucionales, presupuestos, mecanismos de auditoría y procedimientos de participación ciudadana que permitan conocer el origen, destino y administración de los terrenos incorporados al Banco de Suelo.

El Congreso de la Ciudad de México recibió el proyecto el 11 de noviembre y lo turnó a las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y de Gobierno y Políticas Públicas para su análisis y dictaminación, de acuerdo con la información legislativa publicada por el propio órgano parlamentario.

La discusión de fondo no se limita a determinar si el Gobierno capitalino puede adquirir terrenos para ampliar la oferta habitacional, sino a establecer bajo qué condiciones ejercerá esa facultad. El Banco de Suelo podría convertirse en un instrumento para atender la escasez de vivienda asequible, pero su implementación requerirá reglas claras que concilien el interés público con la certeza jurídica y la protección del patrimonio de los particulares.