Detención de Lili Campos en CDMX deriva de investigación por contratos municipales
La exalcaldesa de Solidaridad, Quintana Roo, Roxana Lili Campos Miranda, fue detenida la noche del 19 de noviembre de 2026 en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, por una investigación relacionada con presuntas irregularidades en contratos de servicios públicos que habrían ocasionado un daño superior a 62 millones de pesos al erario municipal.
La detención se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión solicitada dentro de una investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), que señala a la exfuncionaria por el presunto delito de uso indebido de atribuciones y facultades. Tras su captura, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).
El expediente está relacionado con tres licitaciones públicas realizadas entre 2022 y 2024, durante su administración al frente del municipio de Solidaridad, actualmente conocido también por su cabecera municipal, Playa del Carmen. Los contratos tenían como objeto el lavado especializado de vehículos oficiales adscritos a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
Contratos de lavado bajo investigación
De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía estatal, uno de los principales elementos de la investigación es la diferencia entre el número de vehículos oficiales y los servicios de limpieza reportados. La dependencia municipal contaba con un parque vehicular de 123 unidades, pero los registros consignaban hasta 865 lavados mensuales, incluso sin días de descanso.
Otro aspecto señalado por las autoridades es la capacidad operativa de la empresa contratada, que presuntamente tenía solamente 15 trabajadores para cumplir con los servicios establecidos en los contratos. Esta circunstancia forma parte de las inconsistencias que la Fiscalía busca esclarecer.
Las indagatorias también apuntan a que el proveedor no contaba con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes a los primeros contratos. Pese a esa falta de documentación, los pagos habrían continuado hasta superar los 62 millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que los funcionarios responsables de revisar y supervisar los contratos presuntamente omitieron verificar que los servicios se realizaran efectivamente y que existiera documentación suficiente para justificar el uso de los recursos públicos.
Investigación alcanza a otros servidores públicos
El caso no se limita a la actuación de la exalcaldesa. Las autoridades también investigan posibles responsabilidades de otros servidores públicos que participaron en la autorización, seguimiento y supervisión de las contrataciones.
Hasta el momento, la información difundida por la Fiscalía no detalla el nombre de la empresa beneficiada ni desglosa cuánto dinero correspondió a cada una de las tres licitaciones. Tampoco se han precisado públicamente los alcances de las responsabilidades individuales de los funcionarios involucrados.
La detención representa un avance en la investigación sobre el manejo de recursos públicos durante la administración municipal 2021-2024; sin embargo, todavía será necesario que las autoridades judiciales establezcan si existen elementos suficientes para acreditar los hechos y determinar la participación de cada persona señalada.
Pendiente la determinación judicial
La captura de Campos Miranda no constituye una declaración de culpabilidad. La exfuncionaria conserva el derecho a la presunción de inocencia y será un juez quien determine su situación jurídica, así como la existencia de elementos para vincularla a proceso.
El expediente también pone sobre la mesa la necesidad de esclarecer los mecanismos de contratación, supervisión y comprobación del gasto público en los gobiernos municipales. La diferencia entre los servicios reportados, la capacidad de la empresa y la documentación fiscal señalada por la Fiscalía son aspectos que deberán acreditarse durante el procedimiento.
La investigación estará ahora sujeta al desarrollo del proceso penal, en el que deberán precisarse las responsabilidades individuales y el posible daño patrimonial. Hasta que exista una resolución judicial, los señalamientos contra la exalcaldesa y los demás posibles involucrados deberán mantenerse en el terreno de las presunciones.
Fuentes institucionales: Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante el Registro Nacional de Detenciones.
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