Minería ilegal de criptomonedas: proponen penas de hasta 12 años por robo de energía

La iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México plantea incorporar un nuevo delito al Código Penal Federal para sancionar el robo y uso ilegal de electricidad destinado a operar equipos de minería digital. La propuesta contempla penas de cinco a 12 años de cárcel, multas económicas y agravantes cuando se afecte la infraestructura eléctrica o el suministro de energía.

El diputado Alberto Martínez Urincho, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, registró una iniciativa para adicionar el artículo 368 Sextus al Código Penal Federal, con el propósito de combatir el denominado “huachicol eléctrico” relacionado con la minería ilegal de criptomonedas y otras actividades de procesamiento digital.

La propuesta fue presentada ante el Congreso capitalino y dada a conocer durante la sesión ordinaria del 26 de octubre. De acuerdo con el documento, se busca sancionar a quienes, sin autorización, utilicen, aprovechen, enajenen, trafiquen o alteren energía eléctrica de las redes del Sistema Eléctrico Nacional para alimentar infraestructura tecnológica destinada al minado de activos virtuales.

El proyecto establece penas de cinco a 12 años de prisión, además de multas de mil a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La disposición también abarcaría instalaciones utilizadas para el procesamiento masivo de datos y la resolución de algoritmos criptográficos.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es el incremento de las sanciones hasta en una mitad cuando se presenten circunstancias que agraven el daño a la infraestructura eléctrica. Entre ellas se encuentran las conexiones directas a líneas de media o alta tensión, así como a instalaciones de transformación de las redes de distribución o transmisión.

También se considerarían agravantes los casos en los que estas prácticas provoquen interrupciones o alteraciones sustanciales en el suministro, distribución o calidad del servicio eléctrico, además de aquellos en los que los centros de procesamiento digital operen de manera clandestina.

El planteamiento legislativo contempla que las autoridades judiciales puedan ordenar el decomiso de los instrumentos, objetos y productos relacionados con el delito, conforme a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a los activos virtuales obtenidos directa o indirectamente mediante estas actividades, su tratamiento quedaría sujeto a la legislación aplicable.

En la exposición de motivos, Martínez Urincho explica que la minería de criptomonedas requiere equipos informáticos especializados que realizan operaciones matemáticas para validar transacciones y generar recompensas en activos digitales. Aunque esta actividad no está prohibida en México, el robo de electricidad y las conexiones ilegales a la red constituyen conductas sancionables.

El legislador también advierte que el consumo energético de estas instalaciones no se limita al funcionamiento de los equipos de cómputo, pues requiere sistemas adicionales de ventilación y aire acondicionado para controlar las altas temperaturas que genera su operación.

Como referencia, la iniciativa menciona que la red Bitcoin consume aproximadamente 121 teravatios-hora (TWh) de electricidad al año. Asimismo, señala que una máquina minera moderna puede consumir alrededor de 3.5 kilovatios de potencia, equivalente a unos 84 kilovatios-hora diarios, una demanda considerable frente al consumo de un hogar.

Para dimensionar el problema en México, el documento retoma cifras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según las cuales entre enero y julio de 2024 se registraron 6 mil 346 gigavatios-hora (GWh) asociados con pérdidas no técnicas, entre ellas robo de energía, alteración de medidores y conexiones ilegales. El valor comercial estimado de esas pérdidas ascendió a 13 mil 800 millones de pesos.

Sin embargo, la propuesta legislativa todavía no representa una reforma aprobada ni una nueva sanción vigente. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, presidida por el propio Martínez Urincho, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

En caso de recibir el respaldo de la comisión, el proyecto deberá someterse a consideración del Pleno del Congreso capitalino. Si obtiene la mayoría de votos, será remitido al Congreso de la Unión para continuar el procedimiento legislativo, debido a que el Código Penal Federal es un ordenamiento cuya modificación corresponde al ámbito federal.

La discusión abre también un debate sobre la capacidad de las autoridades para detectar y sancionar el robo de electricidad, así como sobre la necesidad de distinguir entre las actividades tecnológicas legales y las prácticas que comprometen la infraestructura pública. El desafío no sólo consiste en endurecer las penas, sino en fortalecer la supervisión, garantizar investigaciones eficaces y evitar que las pérdidas del sector eléctrico terminen trasladándose a los usuarios.