Congreso CDMX

Impulsan reformas para dar certeza jurídica al patrimonio de las familias

20 noviembre 2026 · Por admin

La falta de escrituras y los elevados costos notariales mantienen a miles de familias de la Ciudad de México en incertidumbre sobre la propiedad de sus viviendas. Ante esta problemática, la diputada de Morena, Martha Ávila, presentó una iniciativa para incorporar la figura de la escrituración social en la legislación capitalina, con el propósito de reducir los obstáculos económicos y facilitar la regularización del patrimonio familiar.

La propuesta plantea reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil y la Ley del Notariado de la Ciudad de México, a fin de establecer bases jurídicas para que el Gobierno capitalino implemente programas de escrituración con tarifas reducidas y atención prioritaria a sectores vulnerables.

Al presentar la iniciativa ante el Congreso local, Ávila señaló que la falta de documentos que acrediten legalmente la propiedad genera incertidumbre para las familias, limita el ejercicio de sus derechos patrimoniales y complica procesos como la compraventa, la transmisión de bienes y la regularización de herencias.

La legisladora expuso que, de acuerdo con las cifras que sustentan su propuesta, cerca del 50 por ciento de las viviendas de la capital no cuenta con escrituras. Atribuyó esta situación, principalmente, a los elevados costos de los trámites y a las dificultades económicas que enfrentan muchas personas para formalizar operaciones de compraventa o procesos sucesorios.

La iniciativa contempla que la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, en coordinación con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, participe en el diseño y ejecución de programas de escrituración social. Estos esquemas deberán establecer criterios de elegibilidad, tarifas preferenciales, mecanismos de supervisión y medidas de transparencia.

Uno de los aspectos centrales de la propuesta es que los beneficios no se limiten a reducir los honorarios notariales, sino que también contemplen mejores condiciones de acceso a los servicios. Para ello, se plantea incorporar mecanismos de atención territorial y periódica que permitan acercar los trámites a las comunidades que enfrentan mayores dificultades para trasladarse.

Asimismo, se propone dar prioridad a personas de escasos recursos económicos y grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente personas adultas mayores, quienes pueden enfrentar mayores obstáculos económicos, administrativos y físicos para regularizar sus propiedades.

Otro componente busca fortalecer la participación de las notarías en estos programas, mediante la definición de responsabilidades en los procedimientos de transmisión, regularización y reconocimiento de la propiedad. La intención es establecer condiciones que permitan ampliar la cobertura de los servicios y facilitar su acceso a quienes actualmente no pueden costear una escrituración ordinaria.

Durante su intervención, Martha Ávila sostuvo que la seguridad patrimonial no debe depender exclusivamente de la capacidad económica de las familias, por lo que consideró necesaria una mayor intervención institucional para atender el rezago en la formalización de viviendas.

Sin embargo, la iniciativa todavía no representa un beneficio inmediato para los propietarios ni establece por sí misma los costos finales de los trámites. Su alcance dependerá del análisis legislativo, de la eventual aprobación de las reformas y de las reglas de operación, recursos y mecanismos de coordinación que se definan para poner en marcha los programas.

Al concluir la presentación, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México informó que la propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, donde será analizada y dictaminada.

De avanzar la reforma, el reto para las autoridades capitalinas será convertir la escrituración social en una alternativa accesible y permanente, con tarifas transparentes y cobertura suficiente para atender a las familias que aún carecen de certeza jurídica sobre sus viviendas.

Fuente: Congreso de la Ciudad de México.

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