Diputados de CDMX chocan por agresiones durante consulta del ordenamiento metropolitano

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un Punto de Acuerdo para solicitar a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) un pronunciamiento de condena por los hechos de violencia, intimidación y obstrucción registrados durante un foro de consulta del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), realizado el pasado 10 de noviembre en la alcaldía Coyoacán. Sin embargo, el debate legislativo también evidenció diferencias políticas sobre la organización, transparencia y condiciones de participación en estos ejercicios ciudadanos.

Con 37 votos a favor, 12 en contra y ninguna abstención, el Pleno respaldó la propuesta presentada por los diputados Gerardo Villanueva Albarrán y Roberto Alejandro Castillo Cruz, mediante la cual se solicita a la JUCOPO emitir un pronunciamiento de enérgica condena y reprobación pública por los acontecimientos ocurridos en la UTOPÍA Elena Poniatowska Amor.

Durante la discusión, los promoventes señalaron al diputado panista Ricardo Rubio Torres como presunto responsable de encabezar acciones de intimidación y agresiones contra asistentes al foro, situación que habría obligado a suspender y reprogramar el encuentro para salvaguardar la integridad de las personas participantes.

Desde tribuna, Gerardo Villanueva expresó su solidaridad con los habitantes de Coyoacán y destacó que tres personas resultaron lesionadas durante los incidentes, dos de ellas adultas mayores. Sostuvo que el Congreso capitalino debe pronunciarse frente a cualquier conducta que limite el derecho de la población a participar en los procesos de consulta pública.

El legislador de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación (APPT) afirmó que las diferencias políticas no justifican actos de violencia y advirtió que los acontecimientos impidieron que vecinos expresaran sus opiniones y propuestas sobre el proyecto metropolitano. También señaló que, de acuerdo con información atribuida a la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (METRÓPOLIS), el diputado Ricardo Rubio habría encabezado las agresiones.

En respaldo al Punto de Acuerdo, los morenistas Roberto Castillo Cruz, Martha Ávila, Ángel Tamariz Sánchez y Juan Estuardo Rubio Gualito coincidieron en que los representantes populares deben garantizar condiciones de respeto durante los ejercicios de participación ciudadana. También acusaron a integrantes del PAN de obstaculizar los procesos de consulta.

Durante su intervención, Castillo Cruz presentó tres grabaciones de audio que, según explicó, contienen declaraciones de Ricardo Rubio en asambleas convocadas por el propio legislador panista. En ellas, presuntamente se realizan descalificaciones contra integrantes de Morena y llamados a interrumpir foros de participación ciudadana.

Por su parte, los diputados del PAN Diego Garrido López, Daniela Álvarez Camacho, Federico Chávez Semerena y Lizzette Salgado Viramontes rechazaron los señalamientos y ofrecieron una versión distinta de los acontecimientos. Argumentaron que las inconformidades de los asistentes se originaron porque algunas personas no pudieron ingresar al recinto, una situación que, afirmaron, también se ha presentado en otros encuentros organizados por autoridades capitalinas.

Los legisladores panistas también cuestionaron la transparencia de las consultas relacionadas con los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial de la Ciudad de México. Aseguraron que existen inconformidades vecinales por presunta opacidad y presiones para incorporar a determinados grupos de personas en estos ejercicios.

El intercambio de acusaciones dejó al descubierto que, además de las diferencias partidistas, existe una disputa sobre las condiciones en las que se desarrolla la consulta del POZMVM, un instrumento de planeación que tendrá implicaciones para el crecimiento urbano, la movilidad, la vivienda y el ordenamiento territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Aunque la aprobación del Punto de Acuerdo representa un posicionamiento político del Congreso, la solicitud a la JUCOPO no constituye por sí misma una resolución sobre posibles responsabilidades individuales por las agresiones denunciadas. Para esclarecer lo ocurrido será necesario conocer las evidencias, las versiones de las partes involucradas y, en su caso, las investigaciones de las autoridades competentes.

El episodio también coloca bajo escrutinio la organización de los foros públicos. La consulta de un programa metropolitano requiere condiciones efectivas de acceso, información suficiente, pluralidad y seguridad para los participantes, de modo que las diferencias políticas no terminen desplazando la discusión sobre el futuro urbano de la región.