Plan de Desarrollo de CDMX: Morena apuesta por aprobación en diciembre y oposición pide más tiempo

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México busca aprobar el Plan General de Desarrollo (PGD) para las próximas dos décadas antes del 15 de diciembre, fecha en que concluye el actual periodo ordinario de sesiones. La intención de acelerar el proceso legislativo abre un debate sobre los tiempos de revisión, la participación ciudadana y las diferencias entre el proyecto enviado por el Gobierno capitalino y la versión que fue sometida a consulta.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, sostuvo que el documento no debe heredarse a la siguiente legislatura y planteó que su aprobación sea uno de los asuntos prioritarios del Congreso antes de concluir el año. La legisladora incluso lo calificó como un “regalo de Navidad y de Año Nuevo” para la capital, en referencia a la importancia de contar con un instrumento de planeación de largo plazo.

El Congreso recibió el proyecto remitido por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, el 11 de noviembre. De acuerdo con información del propio Poder Legislativo, el documento fue publicado en la Gaceta Parlamentaria número 649 y turnado a las comisiones unidas de Planeación del Desarrollo y de Gobierno y Políticas Públicas para su análisis y dictaminación.

Para cumplir con ese objetivo, Morena anunció un ejercicio de parlamento abierto de 10 días hábiles, acompañado de un micrositio en el que la ciudadanía podrá presentar observaciones sobre el documento. La previsión es que este mecanismo concluya a principios de diciembre y permita avanzar hacia la elaboración del dictamen. Sin embargo, la bancada descartó realizar una nueva consulta pública, al considerar que ese procedimiento ya se desarrolló durante la elaboración del proyecto.

Esta decisión ha generado diferencias con las bancadas de oposición. El PAN, PRI y Movimiento Ciudadano han solicitado ampliar el periodo de discusión y garantizar una revisión más profunda, al considerar que el PGD tendrá consecuencias sobre las políticas de vivienda, uso de suelo, movilidad, servicios públicos y ordenamiento territorial durante los próximos 20 años.

Entre los principales cuestionamientos se encuentra la presunta utilización de diagnósticos desactualizados. La panista Olivia Garza ha señalado que algunos apartados recurren a estadísticas de 2019 y 2020, pese a que existen datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). También cuestionó la falta de previsiones presupuestales claras para poner en marcha el plan durante 2027 y las modificaciones planteadas al modelo de participación vecinal.

Otro punto de controversia es la diferencia entre la versión que fue sometida a consulta pública y el documento que llegó al Congreso. La oposición sostiene que los cambios realizados ameritaban un nuevo ejercicio de participación ciudadana, mientras que Morena argumenta que las propuestas recibidas anteriormente fueron sistematizadas e incorporadas al texto definitivo. El PAN incluso anticipó la posibilidad de impugnar el procedimiento si considera que se vulneraron las disposiciones legales en materia de consulta.

En respuesta a las críticas, Xóchitl Bravo ha rechazado que el PGD contemple un esquema de expropiaciones, como han advertido legisladores panistas a partir de sus cuestionamientos sobre el banco de suelo. Morena sostiene que este mecanismo se integraría con terrenos del Instituto de Vivienda y del Gobierno capitalino, aunque el alcance de estas disposiciones forma parte de los aspectos que deberán revisarse durante el proceso legislativo.

En términos legales, el Congreso dispone de un plazo máximo de seis meses a partir de la presentación del proyecto para emitir una resolución. Así lo establece el artículo 15, apartado B, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de México, que también contempla que, si no existe una resolución dentro de ese periodo, el plan se considerará aprobado. Por ello, la fecha del 15 de diciembre responde a la intención política de Morena de concluir el procedimiento durante el actual periodo ordinario, no a una obligación constitucional de aprobarlo ese día.

El PGD será uno de los instrumentos centrales para definir las políticas públicas de la capital, pues sus objetivos deberán orientar la planeación gubernamental y la programación presupuestal. Entre sus ámbitos de incidencia se encuentran el desarrollo urbano, la cohesión social, la sustentabilidad, el equilibrio territorial y la transformación económica.

Además, existe una diferencia en la identificación temporal del proyecto en la información institucional: mientras el Congreso lo publicó como PGD 2027-2047, la comunicación de la Jefatura de Gobierno del 11 de noviembre lo identificó como Plan General de Desarrollo 2025-2045. Esta discrepancia deberá aclararse para dar certeza sobre el periodo de vigencia del instrumento.

La discusión legislativa pondrá a prueba la capacidad de las bancadas para construir acuerdos sobre un documento que trascenderá varias administraciones. Más allá de cumplir con la fecha que plantea Morena, el desafío será garantizar que el plan tenga diagnósticos actualizados, mecanismos verificables de participación ciudadana, certeza jurídica y condiciones presupuestales para convertir sus objetivos en políticas públicas.