Más impuestos a los cigarros, ¿más mercado negro? Comerciantes alertan por posible aumento de productos ilícitos

La propuesta de incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a productos como cigarros, bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas comienza a generar preocupación entre representantes de la industria y pequeños comerciantes, quienes advierten que una medida de este tipo podría tener efectos que van más allá de la recaudación y las políticas de salud.

Uno de los principales riesgos señalados es el posible crecimiento del mercado negro de cigarros, particularmente en un contexto en el que, de acuerdo con los representantes del sector, una parte importante del consumo nacional ya proviene de productos que se comercializan fuera de los canales legales. A ello se suma otro problema que afecta directamente a las tiendas y pequeños negocios: las extorsiones del crimen organizado para obligarlos a vender mercancía apócrifa.

El tema fue abordado por Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, quien explicó que los legisladores analizarán de manera responsable las propuestas que sean incluidas en el paquete económico que entregue el Ejecutivo federal. La fecha límite para la presentación de este documento es el próximo 8 de septiembre.

“Sí necesitamos revisar algunas propuestas que ayuden a la salud y también a la recaudación, y todas estas medidas las vamos a analizar”, señaló el legislador al referirse a los posibles cambios fiscales.

La discusión ocurre después de que en la Comisión de Hacienda se presentaran las conclusiones de cinco grupos de trabajo conformados por especialistas, académicos y representantes de distintos sectores económicos. Entre las posturas expuestas se encuentra la de la industria tabacalera, que ha advertido sobre las posibles consecuencias de elevar nuevamente la carga fiscal sobre los cigarros.

Uno de los ejemplos utilizados para dimensionar el riesgo fue el caso de Australia, país que aprobó una de las políticas antitabaco más agresivas, con incrementos de hasta 282% en el precio de las cajetillas. Con estas medidas, algunas llegaron a comercializarse hasta en 50 dólares australianos, de los cuales alrededor de 30 correspondían a impuestos.

De acuerdo con los planteamientos expuestos por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la estrategia australiana tuvo resultados durante sus primeros meses, pero posteriormente comenzó a enfrentar un problema cada vez mayor: el crecimiento del mercado ilegal.

Ante este escenario, el Senado australiano recomendó congelar el gravamen debido a que el mercado ilícito habría llegado a abastecer cerca de 80% del consumo. El caso es utilizado por los representantes empresariales como una advertencia sobre lo que podría suceder cuando el precio de un producto legal aumenta de manera considerable y existe una oferta ilegal capaz de cubrir la demanda.

En México, la preocupación adquiere otra dimensión. Los representantes del sector señalaron que aproximadamente uno de cada cuatro cigarros consumidos en el país proviene del mercado ilícito. Esto significa que una parte relevante del consumo ya ocurre fuera de los establecimientos y mecanismos de comercialización formales, por lo que un incremento en los impuestos podría modificar todavía más el equilibrio entre los productos legales y los ilegales.

El problema no se limita al impacto económico para las empresas. Los pequeños comerciantes también podrían quedar expuestos a una mayor presión por parte de grupos delictivos que buscan introducir y distribuir cigarros apócrifos. Según las organizaciones empresariales, algunos establecimientos son víctimas de extorsiones mediante las cuales se les obliga a vender este tipo de productos.

Para una tienda pequeña, la situación puede convertirse en un doble problema: por un lado, enfrentar precios más elevados en los productos legales como consecuencia de una mayor carga fiscal y, por otro, recibir presiones para comercializar mercancía de origen ilícito. En ese escenario, los comerciantes quedan atrapados entre las exigencias del mercado formal y las amenazas de quienes controlan las redes ilegales.

La discusión sobre el IEPS, por ello, no solamente gira alrededor de cuánto podría recaudar el Gobierno federal o de qué tan efectiva puede resultar una política fiscal para reducir el consumo de productos considerados perjudiciales para la salud. También implica analizar qué ocurre cuando una parte de los consumidores busca alternativas más económicas y encuentra productos que no pagan impuestos y que, además, pueden ser distribuidos por redes vinculadas con actividades criminales.

El propio presidente de la Comisión de Hacienda reconoció que existen propuestas que pueden contribuir tanto a los objetivos de salud pública como a la recaudación, pero subrayó que todas deberán ser revisadas antes de tomar una decisión. El análisis tendrá que considerar las distintas posiciones planteadas durante los grupos de trabajo y los efectos que las modificaciones fiscales podrían generar en los diferentes sectores.

La entrega del paquete económico por parte del Ejecutivo federal marcará el siguiente paso de esta discusión. A partir de entonces, los diputados deberán revisar las propuestas concretas y determinar si los cambios al IEPS forman parte del proyecto que será sometido a discusión.

Mientras tanto, la industria y los pequeños comerciantes han colocado sobre la mesa una advertencia central: aumentar los impuestos a los cigarros puede tener objetivos de salud y recaudación, pero si el precio de los productos legales se distancia demasiado del que ofrecen las redes clandestinas, también podría abrir un espacio mayor para el mercado negro. En México, donde los empresarios aseguran que uno de cada cuatro cigarros ya procede de ese circuito, el impacto sobre los pequeños comercios y la seguridad de sus propietarios es uno de los factores que, sostienen, no debería quedar fuera del análisis.